Habrá plebiscito: Nunca más

Ayer sobre las 17 horas, la Corte Electoral suspendió el conteo de las firmas entregadas para promover un plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad. El sábado 25 de abril se entregaron al Senado 340.043 firmas. Pocos días después fueron recibidas por la Corte Electoral que inició un proceso de cotejo. Ayer las firmas validadas sumaron 258.326 y superaron el mínimo requerido. Habrá plebiscito. El 25 de octubre, los uruguayos tendremos una posibilidad histórica para cerrar definitivamente una herida política, jurídica y ética en nuestra sociedad; podremos anular definitivamente una ley vergonzosa, inconstitucional, hija de las presiones, el miedo y los intereses de poder más mezquinos.
Esa ley ya en su nombre muestra lo infame de su cometido: la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; la renuncia del Estado y de la sociedad a perseguir y castigar a los peores crímenes cometidos en la historia del Uruguay. Esa ley que fue votada de apuro, animada por el ruido de sables, que fue convenientemente amplificado por la derecha y los medios de comunicación que le respondieron y le responden, para avalarla con el único argumento posible: el miedo.
La tendremos además, de la mejor manera, con mecanismos democráticos, ciudadanos, entre todos, en paz. Y eso no cayó del cielo. Es un mérito enorme, de la Comisión Nacional por la Nulidad, del PIT-CNT, de la FEUU, de Fucvam, de los militantes del Frente Amplio, de este como tal y también de los blancos y colorados que juntaron firmas. Es una victoria cívica y democrática de los miles de muchachas y muchachos, trabajadores y jubilados, que durante meses recorrieron pacientemente el país de arriba a abajo para juntar las firmas, para argumentar, para convencer. Lo hicieron a pesar del ninguneo de los grandes medios de comunicación que ni siquiera hablaban de que había una campaña, que no consideraron noticia que 340.043 compatriotas firmaran para anular una ley.
También a pesar de los politólogos orgánicos de la derecha que se cansaron de augurar que no se llegaría a las firmas y de aquellos que siguen apostando al miedo, a la desconfianza, al rencor; ellos sí prisioneros de un pasado que quieren empecinadamente perpetuar en el presente.
LA REPUBLICA modestamente aportó desde el primer día informando sobre el esfuerzo cívico de decenas de miles de compatriotas en la recolección de firmas. En la etapa final, ante lo enorme y desigual del desafío, aumentó el compromiso, convocó a firmar; encartó y repartió decenas de miles de papeletas y contribuyó incluso a que cientos de uruguayos que están en el exterior pudieran sumarse al esfuerzo.
Definitivamente la impunidad será un tema de debate en la campaña electoral y los partidos políticos y sus candidatos deberán definirse, con claridad, sin vueltas, sobre ella.
En este debate nacional, imprescindible, vendrán las chicanas, las falsedades, las renovadas acusaciones de revanchismo, las nuevas apelaciones al miedo y las campañas negras. Habrá que enfrentarlas con argumentos.
Es cierto que es un debate sobre el pasado y sin embargo también es mentira. Porque anular la impunidad implica fundamentalmente cuestionar la proyección que esta tiene en el presente y en el futuro. En esencia se trata de si los uruguayos estamos dispuestos o no a que nuestras leyes estén basadas en la amenaza y el miedo. Nada más y nada menos.
En el debate habrá que recordar, que consultados por la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Fiscal de Corte consideraron inconstitucional la Ley de Caducidad. Señalar también que hace menos de dos meses el Consejo de DDHH de la ONU le recomendó a Uruguay su anulación porque es violatoria de normas y convenios internacionales.
No se trata de solamente de profundizar el camino de verdad y justicia abierto por este gobierno; de terminar con la tragedia de los desaparecidos, de derrumbar el muro de silencio y mentira sobre los crímenes de la dictadura y de enjuiciar a sus responsables, militares y civiles.
No es un enfrentamiento entre izquierda y derecha y mucho menos entre civiles y militares. La impunidad es una afrenta a la democracia y a la dignidad de los uruguayos, civiles y militares, de derecha y de izquierda, de todos.
El plebiscito que tendremos el 25 de octubre, a la vez que las elecciones nacionales, es una oportunidad para que la ley vuelva a ser igual para todos, un camino para el reencuentro entre los uruguayos basado en la verdad y no en el ocultamiento; una manera ciudadana y rotunda de decir. Nunca Más.

COORDINADORA NUNCA MÀS TERRORISMO DE ESTADO

A VOTAR POR EL SÍ
PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD

DECLARACION

Ante la presentación del esperado proyecto de una ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado del Poder Ejecutivo, nuestro colectivo declara lo siguiente:

1.- Considera que las formulaciones de los artículos 1º y 2º, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos, y el 3º, del derecho de las víctimas a ser reparadas integralmente, son correctas y representan un importante avance en el camino hacia la verdad y la justicia sobre las consecuencias del período dictatorial.

2.- Que asimismo los artículos 4º y 5º, que definen la calidad de víctima de la actuación del Estado en esos períodos específicos, se ajustan a la realidad que sufrieran tantos ciudadanos.

3.- Que las leyes a que se refiere el Artículo 6º no pueden ser consideradas como parte de la reparación integral prevista en el Artículo 3º de este proyecto, pues son sólo restitutivas parciales algunas y, otras, de reparaciones también parciales. Ninguna de estas disposiciones previeron “medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. La Ley 18.033 es sólo de reparación jubilatoria a los ex-presos políticos y de reconocimiento de años como aportados a los que sufrieron exilio. No es una ley de reparación integral, ni siquiera de indemnización, por más remiendos que se le haga.

4.- Que la amplia definición de la condición de víctima muy bien expresada en el Artículo 9º queda en flagrante contradicción con las disposiciones acerca de indemnizaciones previstas en el Artículo 11º, pues éste no contempla a la mayor parte de los diferentes universos de víctimas. Según este artículo no serán indemnizados todos los expresos políticos, ni todos los perseguidos, ni los exiliados, ni los expulsados, ni siquiera todos los niños que sufrieron el terrorismo.

5.- Que las modificaciones hechas a la Ley 18.033 no contempla imparcialmente a todas las víctimas que fueron excluidas de ella, aplicando discriminaciones entre los que cobran menos y los que cobran más, sin tener en cuenta el derecho a ser reparado. El aumento previsto de una BPC a los jubilados que cobran 4 BPC, aumento definido como “de carácter reparatorio”, es, francamente, una burla.

Por lo expuesto, de aprobarse este proyecto sin modificaciones, no será una ley de reparación integral que exigen los organismos internacionales de los cuales Uruguay es signatario, como lo hace la Resolución 60/147 de Naciones Unidas.

El Colectivo Nunca Más, junto a las otras instituciones representativas de las víctimas, seguirá bregando por lograr que se apruebe una ley de reparación integral no excluyente de ninguno de los universos de víctimas del terrorismo de Estado.

NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO

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Y CONOZCA EL PROYECTO DE LEY DE REPARACION INTEGRAL
ENVIADO POR EL EJECUTIVO,
que el Colectivo Nunca Más considera sumamente insuficiente.
No contempla a los ex-presos políticos, ni a los que tuvieron que exiliarse, ni a los torturados.
No es una ley de reparación integral como exigen los organismos internacionales.

Hacemos nuestras las opiniones del abogado Oscar López Goldaracena que dijo que si bien "la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo) se corresponde y en algunos casos hasta textualmente, con la exposición de motivos del anteproyecto que presentamos, aunque cuando uno pasa a leer el texto, éste no se compadece íntegramente con la exposición de motivos".
El proyecto no se corresponde con la exposición "por cuanto quedan fuera determinados universos de víctimas, y se mantiene la confusión entre indemnización y restitución, por cuanto se confunde la reparación jubilatoria con la indemnización por los daños sufridos", dijo el abogado tras una primera lectura del texto.
Esa primera impresión indica que "se mejoró y se amplía el universo de la ley vigente 18.033 en relación con las pensiones, mal llamadas reparatorias, porque se refieren a un beneficio de seguridad social, pero no se otorga ninguna indemnización a quienes estuvieron presos ilegítimamente", explicó el abogado.
"Se trata de un proyecto que, si bien comprende mayor extensión que las leyes hasta hoy vigentes, aunque ponga el rótulo de reparación integral, a mi criterio, no lo es, porque basta que una sola víctima quede fuera de cualquiera de los rubros previstos por la ONU (restitución, dignificación, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición) para que no pueda hablarse de una verdadera reparación integral", señaló el abogado.
El texto del proyecto sería una especie de "lavadita de cara, invocando los estándares internacionales, pero luego sin proceder a una verdadera reparación integral de las víctimas", estimó López Goldaracena. El proyecto sería "otro avance, pero seguimos dando remiendos sin abordar la integralidad de la reparación", al tiempo que destacó que "finalmente un proyecto de ley de esta naturaleza sea presentado al Parlamento".

Declaración de NIÑOS EN CAUTIVERIO POLITICO

Esta ley me amarga...

Cuando nos juntamos, hace unos dos años atrás, teníamos gran parte de nuestra identidad

metida en una especie de agujero negro, un pozo con una tapa muy pesada que solo en escasas

ocasiones abríamos y mirábamos desde lejos, a ver que podíamos descubrir de nosotros mismos.

¿Por qué? Para mantenernos sanos y poder construir la vida que hoy tenemos y disfrutamos. La

sociedad presente desconocía los hechos pasados que involucraban nuestras vidas, las de cada

uno de los miembros del grupo. El cautiverio político de niños durante la última dictadura, no

era un hecho histórico, no conformaba parte de la identidad social.

Estos dos años y de manera muy intensa, hemos venido construyendo este hecho histórico. La

sociedad refrescó su memoria y nos ayudó con los detalles, nuestros padres, abuelos (los que

quedan), tíos, vecinos... y los miembros más jóvenes se involucraron de tal manera, que por

primera vez en nuestras vidas pudimos destapar ese agujero, mirar su contenido, sacarlo,

compartirlo y empezar a entenderlo. Todas las veces que explicitamos nuestras historias, nos

sentimos comprendidos, acompañados, contenidos...por primera vez mirábamos nuestro pasado

y mirábamos nuestro presente, la gente que nos rodeaba y nos sentíamos bien, así no más, bien.

La ley

Ahora, cuando nos juntamos el sábado, a tratar las temáticas de nuestro grupo y a contarnos

como andábamos, alguien dijo ‘esta ley me amarga’. Hacía unos días la habíamos recibido por

mail y, entre lectura y relectura, terminó siendo el tema principal a tratar. Firmadita, ahí, por

todos los ministros, con una buena introducción de su espíritu. ¿Que nos dice? Que el estado

reconoce los actos que cometió, que sí, hay víctimas, y por esto nos señala con el dedo, nos

reacusa, somos victimas o somos figuritas. Nosotros no queremos un certificado de nada, ya

sabemos lo que somos. Después de tantos carnets que usamos en la dictadura, para visitar a

nuestras madres y padres todas las semanas en los penales, ¿ahora nos dan otro? ¿Este nos

servirá para volver a vivir la separación o será válido para vivir en libertad los primeros años de

nuestra vida, o capaz que para no nacer en el hospital militar o en un cuartel...? El estado,

entonces, nos vuelve a tratar como siempre, ¿como marca su poder? No puede hacer otra cosa.

Tenemos que tener daños gravísimos, ¿quién nos los va a medir? ¿cuando empieza, grave, no

tan grave, más o menos grave? ¿será el mismo señor que se le ocurrió lo del certificado, el que

mida el tamaño de nuestro daño? No queremos, no pasamos más por otro lugar a que nos

revisen, ya pasamos años de nuestras vidas revisados y recontra revisados y es feo, nos gusta

ser igual a todos, nos gusta ser parte de esta sociedad. El estado es la asociación de los

habitantes, el territorio y el poder que organiza lo anterior y como esto es una república y como

estamos bajo el derecho de la ley, debemos recibir el trato inscripto en ella. El estado nos está

diciendo que reconoce los daños causados pero que no respeta los marcos creados

internacionalmente para reparar íntegramente a las personas que los sufrieron, ¿Cuál es el

mensaje que nos está pasando? La responsabilidad y el pago por ésta (única manera capitalista

de reparar el daño sufrido a los individuos llamados víctimas) es la forma que ha encontrado

hasta el momento la comunidad internacional para dar garantías de no repetición de este tipo de

hechos. ¿Esta ley es garantía de eso, que nosotros consideramos el punto más importante de

todos? Sentimos que no.

De MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

Montevideo 12 de mayo 2009

COMUNICADO DE PRENSA

Ante el proyecto de “ley de reparación” remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, expresa:

El proyecto constituye un avance en el camino de la reparación adeudada a la víctimas del terrorismo de Estado y del así llamado “actuar ilegítimo del Estado”. La reparación integral a todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar y los años previos, ha constituido una reivindicación constante de Familiares. En tal sentido, consideramos que el proyecto de ley a estudio constituye un paso adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, Familiares considera que el texto propuesto no recoge todos los elementos que, de acuerdo a los estándares internacionales (resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/1247) y a las históricas luchas de las organizaciones sociales, significan una reparación integral. En efecto, el proyecto a consideración omite importantes medidas reparatorias que debieran ser incorporadas en una ley que pretenda ser efectivamente integral en cuanto a la reparación.

Por todo ello, Familiares reitera una vez más su reclamo de una ley que contemple todos los aspectos de una reparación integral y, consecuentemente, compromete su esfuerzo y colaboración para perfeccionar y profundizar el actual proyecto a estudio del Parlamento.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos

FEDEFAM-Uruguay

De CRYSOL

DECLARACION PUBLICA

A 24 años del retorno a la democracia, CRYSOL, asociación de ex-presas y de ex presos políticos, declara que el Proyecto de Ley de Reconocimiento del Quebrantamiento del Estado de Derecho, presentado por el Poder Ejecutivo el 4.05.09, no es un proyecto de reparación integral ya que no cumple en su totalidad con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

El texto del proyecto de ley presentado no se corresponde con la intencionalidad manifestada en la exposición de motivos. A lo largo de dicho proyecto se despliegan las insuficiencias y las contradicciones no cumpliendo con el objetivo de profundizar la democracia, dignificando y reparando a todas las víctimas de la pre-dictadura y de la dictadura cívico-militar (1968-1985).

Los ex-presos políticos, somos una de las categorías de víctimas, entre otras, que no está contemplada en cuanto a su legítimo reclamo de reparación integral.

La verdadera reparación integral debe comprender todos los universos y todas las categorías de víctimas, así como los principios de restitución, rehabilitació n, indemnización, satisfacción, prevención y garantías de no repetición requeridas por las Naciones Unidas.

Montevideo, 7 de mayo 2009

Crysol

asociación de ex pres@s polític@s de uruguay

Ley de Caducidad. Pretenden monitorear los procedimientos de verificación de firmas

Coordinadora pidió ayer observadores en la Corte

Tal como lo anunciara LA REPUBLICA la semana pasada, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad finalmente entregó ayer a la Corte Electoral una carta solicitando la presencia de veedores en el proceso de verificación de firmas.

Carlos Coitiño, integrante de la Coordinadora, confirmó este hecho y explicó los motivos que llevaron a la redacción del documento.

El 6 de mayo la Coordinadora fue notificada por la Corte Electoral del cierre de padrón y del número de ciudadanos habilitados a sufragar, siendo 2.583.261.
"Según esta, cifra debemos llegar a 258.326 papeletas para que se convoque al plebiscito", explicó Coitiño. El integrante de la Coordinadora afirma que existió una serie de irregularidades que hacen que la cifra requerida por la Corte en la realidad sea menor.
"No fueron deducidos del padrón los inhabilitados por no haber sufragado en las dos elecciones anteriores. Se estima que serían 44.000", dijo Coitiño.
El 10% es 4.400, por tanto la cifra a presentar debería ser 253.926. Coitiño afirmó a LA REPUBLICA que tampoco fueron descontados del padrón las personas fallecidas ni los inhabilitados por estar privados de libertad, número que no es estimable. "Este fue el primer obstáculo que nos puso la Corte. Nos dio una cifra más alta, mayor de habilitados", sentenció Coitiño. Por otra parte, el ministro de la Corte, Edgardo Martínez Zimarioff, salió en varios medios diciendo que el conteo de las papeletas dio una cifra cercana a las 10 mil menos que las declaradas. "La Coordinadora nunca fue informada de esto", subrayó Coitiño. "Las declaraciones de Zimarioff tergiversan la verdad e intentan desmoralizar a la ciudadanía. La Coordinadora tiene conocimiento de que en la revisión aparecieron algunos miles más de firmas", indicó. En un documento redactado por la Corte Electoral, fechado el mismo 6 de mayo, señala que son 303.704 las firmas presentadas por la Coordinadora, pero se indica que existen papeletas que no están numeradas.
"Por lo tanto, la cifra anteriormente citada (303.704) sufrirá modificaciones", dice el texto.
El conteo realizado por la Coordinadora y el efectuado por la Corte difiere en 10 mil papeletas.
Ante estos hechos la agrupación encargada de recolectar las firmas decidió elevar a la Corte una carta con una serie precisiones y pedidos. "Nos preocupa la magnitud de la diferencia en las cifras que supera los límites del error", indica el texto. En la misiva, se solicita a la Corte que confirme el número total de papeletas registradas y que descarten la duplicación en la numeración.
Se hace especial hincapié en que, a los efectos de tener información permanente, se incorpore un representante que cumpla las funciones de observador.
"La Corte está en la obligación de permitir que la ciudadanía observe los procedimientos de control, ya que hay 340.403 ciudadanos que firmaron para anular la ley y tienen el derecho constitucional de hacerlo", concluyó Coitiño.

Lanzan campaña contra la Ley de Caducidad

"Nunca más impunidad - Nunca más Terrorismo de Estado - Nunca más Dictadura - Por un futuro democrático con Verdad y Justicia". Bajo esa consigna la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad lanzará mañana la campaña con miras al plebiscito de octubre.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad lanzará mañana en Paysandú la campaña con vistas a la votación del próximo 25 de octubre, en la cual la ciudadanía podrá determinar la remoción como si nunca hubiera existido la polémica norma, del espectro jurídico uruguayo.
El acto de lanzamiento se desarrollará en la Universidad de Paysandú, el mismo lugar donde en 2006 la Coordinadora inició su trabajo por la anulación de la norma, "mucho antes incluso de comenzar la campaña de recolección de firmas", explicó el integrante de la organización Luis Puig a LA REPUBLICA. La elección del interior, y más concretamente del litoral, pretende "jerarquizar" la idea de recorrer todo el Uruguay "en la convocatoria de todos los demócratas" para anular la ley, recalcó Puig.
"Se va a recorrer el país convocando a la ciudadanía de todos los partidos para anular la ley, porque estamos convencidos de que la reserva democrática de la ciudadanía uruguaya es mayoritaria, y por eso la convocatoria al conjunto de la población", señaló Puig. La campaña se desarrollará bajo la consigna: "Nunca más impunidad - Nunca más Terrorismo de Estado - Nunca más Dictadura - Por un futuro democrático con Verdad y Justicia".
El inicio de la campaña será, además, "un emplazamiento a todos los líderes políticos para conocer la posición que le plantearán a sus votantes (porque) no hay tres posiciones en este tema". "O se está con la anulación, reafirmando los valores de democracia y justicia; o se estará reafirmando por algunos líderes la complicidad con los terroristas de Estado", enfatizó.
El lanzamiento será el comienzo "de la cuenta regresiva para la impunidad. Estamos convencidos de que es una convocatoria muy amplia". Por tanto, "no cabe ninguna duda de que así como la inmensa mayoría de los votantes del Partido Nacional van a votar por la anulación, algunos líderes de esa colectividad también se sumarán a la campaña de anulación".
"Todos los demócratas deberían apoyar la anulación, la gente no entendería otra postura", porque sería pregonar la impunidad para juzgar los crímenes de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Elena Quinteros y Cecilia Fontana de Heber. "Es un elemento esencial para la democracia que la Justicia pueda actuar libremente, y terminar con la cultura de impunidad en nuestro país", expresó Puig.
En este sentido, el dirigente sindical recordó la reciente observación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el cual se llamó a "abolir" la Ley de Caducidad del ordenamiento jurídico uruguayo, en consonancia con la resolución 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual consideró la norma violatoria de los tratados firmados por Uruguay en DDHH.

De LA REPUBLICA, 12 de Mayo:
El Consejo de DDHH de la ONU solicitó "abolir" la Ley de Caducidad. La norma violenta normativa internacional en materia de DDHH y no debería dejar rastros en el ordenamiento jurídico.

La solicitud del Consejo de DDHH de la ONU pretende la remoción de la ley del ordenamiento jurídico uruguayo, como si nunca hubiera existido, con vistas a permitir las investigaciones y eventuales procesos judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos, durante la última dictadura.
El Consejo recomendó, además, al Uruguay, la creación de una institución de derechos humanos acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales (ICC), así como crear un instituto compuesto por el Estado y entidades de la sociedad civil para supervisar la aplicación de las políticas de derechos humanos.